Después de dos años de efectuadas las denuncias, que derivaron en una auditoría, el pasado 16 de septiembre, la Contraloría Regional de Antofagasta finalmente acreditó que en la gestión de la Subsecretaria de Bienes Nacionales, entre 2018 y 2019, se ofrecieron terrenos a cambio de que pobladores de la región se inscribieran en el partido “Nueva Clase Media”. 

Anfubienes se sumó a las denuncias y el 3 de septiembre de 2019 solicitó a la Contraloría un informe de fiscalización, a fin de determinar eventuales irregularidades cometidas por la autoridad en el ejercicio de su cargo. Las acusaciones fueron informadas por diversos medios comunicacionales, tras los antecedentes entregados por la diputada Marcela Hernando Pérez. Las acusaciones de corrupción, que comenzaron con un audio en el que se oía a una persona señalando a los asistentes que debían inscribirse en el partido para tener un apoyo mutuo, terminaron con la abrupta salida de Alejandra Bravo del Ministerio en 2019. 

Los hechos fueron denunciados el 4 de noviembre del 2019 por medios de prensa nacional, cuatro días más tarde, la diputada Marcela Hernando Pérez, reunió más antecedentes y presentó, a modo de prueba, los pantallazos de la aplicación de Whatsapps pertenecientes a la agrupación “Atardecer Campesino Loa, Calama” y audios en donde se evidenciaba que funcionarios de confianza instaban a los/as socios/as a inscribirse en el partido político en formación para que Bravo pudiera inscribir su candidatura a diputada, a cambio de ayuda para agilizar la obtención de un terreno fiscal. Éstas y otras pruebas, fueron suficiente para instruir la investigación que finalmente acreditó que efectivamente se realizó el ofrecimiento. A la consulta de, ¿Qué funcionario efectuó el ofrecimiento?, una entrevistada responde: “Doña Alejandra Bravo, a través de representantes que participaron en reunión con la agrupación Atardecer Campesino”. 

La Directiva Nacional señaló que pese al tiempo transcurrido, la acreditación de hechos graves, como los que comprometen a la ex Subsecretaria, no solo deben poner en alerta respecto a la probidad y la mínima ética de las autoridades públicas, sino que deben ser sancionados de manera ejemplificadora para evitar su repetición. 

“La impunidad, a la que estuvimos acostumbrados por muchos años cuando se trataba de autoridades públicas, ya no resulta tolerable y es incompatible con la democracia. Por este motivo valoramos el resultado de la investigación y confiamos en que el Ministerio Público sea concluyente”, señaló la Presidenta de Anfubienes, Natalia González. Tras la entrega del informe final de la CGR quedará en manos del Ministerio Público seguir con la investigación. Asimismo, los dirigentes/as lamentaron la falta de rigurosidad del gobierno a la hora de designar autoridades.