Ante el revuelo internacional de los denominados Pandora Papers, partidos políticos, ONGs, fundaciones, organizaciones civiles y sindicales, rechazaron las declaraciones del presidente Sebastián Piñera y exigieron que, a diferencia de las indagatorias del 2017, esta vez la fiscalía nacional investigue a fondo los eventuales delitos de cohecho, soborno e infracciones tributarias en la venta del proyecto Minera Dominga a partir de los nuevos antecedentes aportados por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Anfubienes apoyó el comunicado emitido por ANEF y las declaraciones de otras asociaciones de funcionarios/as como la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich), la Asociación Fiscalizadores de Servicios Impuestos Internos (Afiich) y La Federación Nacional de Trabajadores/as Públicos del Medio Ambiente (Fenetrama). Junto al anuncio de la apertura de una nueva investigación por parte de la fiscalía, desde el Congreso, diputados/as de oposición informaron que este
miércoles 13 ingresarán la acusación constitucional en contra del presidente. En el documento publicado por la Anef, la Confederación expresó que los hechos que involucran a Sebastián Piñera, representan una infracción al artículo 5° de la Ley sobre probidad administrativa, al respecto señaló: “La investigación revela la promoción del interés personal por sobre los intereses superiores de la Nación, comprometiendo el medioambiente e impactando gravemente la fe pública”.
Por su parte, Afiich señaló en su comunicado que no serán “cómplices de situaciones que jueguen a favor de contribuyentes que buscan evadir sus obligaciones ni de actores políticos que buscan debilitar la institucionalidad tributaria, sea quien sea, por lo que llevaremos a cabo todas las acciones que resulten necesarias para resguardar los intereses del Fisco y de la ciudadanía”
Desde Fenetrama, dirigentes manifestaron la urgente necesidad de reformular la institucionalidad ambiental implementando un Servicio que tenga autonomía de la decisión técnica respecto de la decisión política y “Legislar sobre el ordenamiento territorial que posibilite un mejor diseño y organización del territorio y así evitar que áreas ricas en biodiversidad se vean afectadas y amenazadas por el interés financiero y el capital rentista y especulativo”.
Frente a los hechos, El Directorio Nacional señaló que rechaza todo tipo de acto que contradiga los principios de ética y probidad en la gestión pública y lamenta las consecuencias y el daño medioambiental sobre el patrimonio natural en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt que podría provocar la aprobación definitiva del proyecto minero.